Estos incidentes fueron dados a conocer en una reciente declaración emitida por el Consejo de la Judicatura, donde expresaron su profunda preocupación por la seguridad y bienestar de estos funcionarios judiciales. Las autoridades del Consejo señalaron que las intimidaciones se han vuelto una constante en la vida de Ortega y del secretario general, generando un clima de inseguridad dentro del ámbito judicial.
Las amenazas, según el comunicado, se han materializado en llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios que buscan sembrar el miedo y la inestabilidad en el desempeño de sus funciones. Aunque no se especificó el contenido exacto de estos mensajes, se enfatizó que las amenazas no solo atentan contra la integridad personal de los afectados, sino que también representan un intento de influir en la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
Tanto el magistrado Alberto Ortega como el secretario general de acuerdos no han emitido declaraciones públicas sobre las intimidaciones recibidas. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos funcionarios indican que están cooperando plenamente con las autoridades para esclarecer estos hechos y garantizar la seguridad de quienes desempeñan un papel crucial en la administración de justicia en Nuevo León.
El Consejo de la Judicatura ha anunciado medidas adicionales para reforzar la seguridad de los magistrados y demás personal judicial. Asimismo, han solicitado la colaboración de las fuerzas de seguridad del estado para llevar a cabo una investigación exhaustiva que identifique a los responsables de estos actos intimidatorios.
Este preocupante episodio plantea serias interrogantes sobre la seguridad y la integridad de los actores judiciales en Nuevo León. La comunidad jurídica y la sociedad en general esperan respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para salvaguardar la independencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial en la entidad.