En una decisión que ha generado controversia tanto dentro como fuera del país, el Congreso de El Salvador aprobó este jueves una profunda reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
Con 57 votos a favor de los 60 diputados, la reforma fue impulsada por la mayoría legislativa perteneciente al partido oficialista Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. La diputada Ana Figueroa justificó el cambio como un mecanismo para “darle el poder total al pueblo salvadoreño” y brindar mayor “estabilidad política y jurídica”, además de reducir costos.
Sin embargo, la aprobación de esta medida ha sido fuertemente criticada por la oposición. La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, protestó levantando un cartel que decía “este día murió la democracia” y acusó al oficialismo de haber aprobado la reforma “sin consulta, de forma burda y cínica”. En la misma línea, Claudia Ortiz, de VAMOS, advirtió que las reformas buscan únicamente perpetuar a un pequeño grupo en el poder.
Uno de los puntos más delicados de la reforma es que el actual período de Bukele, que inició en 2024, concluirá en 2027, convocando elecciones presidenciales concurrentes con las legislativas y municipales ese mismo año. A pesar de que la Constitución prohibía expresamente la reelección, Bukele logró mantenerse en el poder con el respaldo de una Sala de lo Constitucional dominada por jueces afines.
Diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado un deterioro del estado de derecho, citando la persecución de voces críticas como los abogados Ruth López y Enrique Anaya, recientemente arrestados. Noah Bullock, de la organización Cristosal, advirtió que El Salvador sigue “el camino trillado de los autócratas”, mientras que Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, comparó el proceso con lo ocurrido en Venezuela.
A pesar de las advertencias, la popularidad de Bukele se mantiene alta, alimentada por su ofensiva contra las pandillas que, bajo un régimen de excepción, ha reducido significativamente los índices de homicidio. No obstante, organismos internacionales han acusado al gobierno de detenciones arbitrarias, falta de juicios justos y abusos dentro de cárceles como el CECOT, considerada la más grande de América.
Bukele no ha emitido comentarios tras la aprobación de la reforma, aunque en discursos pasados ha dicho: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, en referencia a las críticas sobre sus métodos de seguridad.
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