En un intento burdo de capitalizar los avances judiciales en el caso del exgobernador César D.J., el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Chávez, se apresuró a atribuir la nueva vinculación de César D.J. al supuesto esfuerzo y diligencia del Gobierno del Estado de Chihuahua. Un claro intento de adornar sus acciones y apropiarse de méritos que no le corresponden.
En una declaración más digna de una campaña política que de una postura objetiva, Chávez destacó el «compromiso» de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, para llevar a los culpables ante la justicia. Sin embargo, este tipo de afirmaciones suenan más a una distracción de los problemas reales que enfrenta la administración estatal que a un verdadero logro legal.
Chávez no escatimó en señalar a los diputados de Morena por intentar atribuir el avance a un supuesto mérito del Gobierno Federal, mientras que se esforzaba por remarcar que todo lo relacionado con esta nueva vinculación es obra y gracia del Gobierno estatal. Una estrategia desesperada para intentar eclipsar los esfuerzos de otros actores en esta cuestión.
En el fondo, lo que Chávez parece olvidar es que el proceso legal no debería ser utilizado como moneda de cambio política. La autorización para ampliar los cargos contra el exgobernador fue una acción realizada dentro del marco de tratados y leyes vigentes, independientemente de los esfuerzos del Gobierno estatal. La cláusula del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no fue activada gracias a la insistencia del Gobierno estatal, sino por procedimientos establecidos de antemano.
Mientras Chávez intenta capitalizar este logro, la verdadera cuestión es la justicia que merecen los ciudadanos. Cabe recordar que César D.J. está siendo juzgado por el desvío de 120 millones de pesos en el período 2014-2015, lo que demuestra una gestión cuestionable en el pasado. En lugar de intentar adueñarse de este proceso legal, el PAN y el Gobierno estatal deberían enfocarse en demostrar una verdadera responsabilidad hacia sus ciudadanos, más allá de intentos de manipulación mediática.
Es importante recordar que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha insistido en que todos los procedimientos se han llevado a cabo en apego a la ley. Es fundamental que este caso se maneje con transparencia y respeto a los principios legales, sin que sea utilizado como herramienta política para ganancias partidistas.
