Chihuahua, Chih. – En respuesta al reciente decreto del Ejecutivo Federal que ordena la apertura de siete rutas ferroviarias de pasajeros en vías destinadas actualmente al transporte de carga, la diputada Isela Martínez Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), ha señalado la necesidad urgente de un análisis detenido y la participación del sector privado en el desarrollo del Proyecto Ferroviario.
La legisladora expresó su preocupación por la toma de decisiones arbitrarias sin un análisis profundo de la viabilidad económica y la rentabilidad de este proyecto. «Es una buena idea desarrollar un proyecto ferroviario de transporte de pasajeros en México para mejorar la conectividad y ofrecer opciones de movilidad más accesibles y sostenibles. Sin embargo, esto debe hacerse de manera planificada, involucrando al sector privado y considerando el impacto en la cadena de suministro y la economía regional», afirmó Martínez Díaz.
La ruta propuesta Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez ha generado especial preocupación entre los sectores industriales de Chihuahua, quienes temen retrasos en la cadena de suministro y pérdidas millonarias. La diputada destacó la necesidad de estudios exhaustivos para determinar la inversión requerida en infraestructura y la adquisición de predios para construir líneas ferroviarias de alta velocidad. Asimismo, señaló la falta de compatibilidad de horarios entre trenes de pasajeros y transporte de carga, subrayando la necesidad de una financiación pública para hacer viable el proyecto.
Martínez Díaz expresó su preocupación por el plazo limitado otorgado por el gobierno para que el sector privado presente propuestas antes del 15 de enero de 2024. Además, cuestionó la amenaza de entregar los proyectos a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina Armada de México si no se presentan propuestas consideradas viables por parte de la iniciativa privada.
La diputada concluyó haciendo un llamado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para que abandone la improvisación y realice análisis detallados en colaboración con el sector privado y expertos en la materia. Advierte que el decreto actual pone en peligro la estabilidad económica del país y podría afectar la percepción de México como un destino atractivo para la inversión extranjera.