La mañana del próximo lunes 15 de abril, en una decisión que ha conmocionado al país, se dictara prisión preventiva al policía identificado como David ‘N’, acusado del asesinato de un estudiante normalista. La audiencia, crucial para determinar si será vinculado a proceso, se llevará a cabo en los próximos días.
Este trágico suceso ha generado una ola de indignación en la sociedad, especialmente entre la comunidad estudiantil. El incidente que desencadenó este desenlace ocurrió cuando estudiantes normalistas fueron interceptados por las autoridades, desencadenando un enfrentamiento fatal que dejó como saldo el fallecimiento de Yanqui Kothan y heridas en otro compañero.
La reacción de los estudiantes no se hizo esperar. Dos días después, las instalaciones del Palacio de Gobierno de Guerrero se vieron envueltas en llamas, junto con vehículos cercanos, en un acto de protesta por la muerte de su compañero. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien tenía programado encabezar un homenaje a la bandera, se vio obligada a suspender el evento ante las manifestaciones.
Inicialmente, las autoridades reportaron que los estudiantes portaban armas y drogas, una versión que fue desmentida por el propio presidente López Obrador. Esta discrepancia entre las versiones oficiales y las declaraciones presidenciales ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en torno al caso.
El incidente ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar las causas profundas de la violencia y la injusticia en el país.
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