Rocío Sarmiento, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado una iniciativa que podría resultar en la Ley Estatal de Educación Superior en Chihuahua. ¿El motivo? Supuestamente, armonizar las disposiciones educativas del estado con la Ley General de Educación Superior, una movida que muchos ven como una estrategia del gobierno para ejercer mayor control sobre la educación superior.
Esta propuesta, que se ha vendido como un esfuerzo por «unificar criterios y regulaciones» entre la autoridad educativa estatal y las instituciones de educación superior, parece más bien una jugada para subordinar la autonomía universitaria al mando del gobierno. Todo esto en el contexto de cambios en la legislación educativa nacional, que curiosamente coinciden con una serie de reformas constitucionales y promulgaciones de leyes que permiten una mayor intervención gubernamental en la educación superior.
La diputada Sarmiento ha hecho hincapié en la importancia de esta iniciativa, afirmando que es «fundamental adaptar nuestras leyes estatales a las nuevas disposiciones nacionales». Sin embargo, críticos señalan que esto podría ser una estrategia para consolidar el control del gobierno sobre las instituciones de educación superior y limitar la autonomía universitaria, dejando a las universidades sujetas a las decisiones gubernamentales.
La Ley General de Educación Superior, promulgada en abril de 2021, ha sido vista por algunos como un intento de centralizar el poder en manos del gobierno, a expensas de la independencia de las universidades y de los derechos de los estudiantes. La diputada Sarmiento, por su parte, parece estar siguiendo esta línea al insistir en que «esta ley será un instrumento vital para adaptarnos a las necesidades y desafíos del siglo XXI en materia educativa», lo que plantea interrogantes sobre si realmente busca el beneficio de la educación superior o si está impulsando una agenda política.
En resumen, la iniciativa de la diputada Sarmiento para expedir la Ley Estatal de Educación Superior en Chihuahua plantea serias preocupaciones sobre la autonomía universitaria y la influencia del gobierno en la educación superior, dejando a muchos cuestionando si realmente está en juego el bienestar de los estudiantes o si se trata de una estrategia para consolidar el poder gubernamental en el ámbito educativo.
