La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha pagado una cifra asombrosa de 22.4 millones de pesos por la realización del concierto de Grupo Frontera durante la ceremonia del Grito de Independencia, celebrada el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino. Este evento, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado controversia debido al alto costo que representó para las arcas públicas.
De acuerdo con el contrato CULTURA/DGAF/038/2023, citado por El Universal y entregado a la empresa Kit Wear de México SA de CV, la misma entidad que organizó el concierto de Los Tigres del Norte el año pasado por un monto superior a los 23 millones de pesos, el concierto de Grupo Frontera ha generado un fuerte debate público sobre el gasto gubernamental en eventos culturales.
Este contrato, que especifica el pago millonario, ha sido objeto de críticas y preguntas por parte de la ciudadanía y de algunos sectores del Congreso del Estado. Los ciudadanos se preguntan si este tipo de gastos extravagantes son justificables, especialmente en un momento en el que el país enfrenta diversos desafíos económicos y sociales.
El concierto de Grupo Frontera, que fue parte de las festividades del Grito de Independencia, ha abierto el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos. Los críticos argumentan que este tipo de eventos deben ser accesibles para todos los ciudadanos y cuestionan la asignación de fondos públicos para actividades culturales que podrían beneficiar a un sector más amplio de la sociedad.
Por otro lado, los defensores del evento sostienen que actividades como esta fomentan la cultura y la identidad nacional, atrayendo turismo y promoviendo la diversidad artística y cultural del país. No obstante, el costo exorbitante ha generado preguntas sobre la eficacia de estas inversiones y si existen formas más eficientes de promover la cultura sin comprometer las finanzas públicas.
Este caso ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas y la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en el ámbito cultural. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera responsable y beneficiosa para la sociedad en su conjunto.
