En medio de una tormenta de controversia, cinco estados mexicanos han tomado la drástica medida de detener la distribución de libros educativos, generando un conflicto en torno a los contenidos que se enseñarán en las aulas. La acción, que podría tener un impacto negativo en la educación de miles de estudiantes, ha desatado un enfrentamiento legal y político que amenaza con perturbar el próximo ciclo escolar.
Guanajuato, uno de los estados involucrados, fue el primero en suspender temporalmente la distribución de los libros. Sin embargo, en un intento de suavizar la medida, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que se reanudaría la entrega, pero con la adición de material adicional destinado a fortalecer las habilidades de español y matemáticas. Esta respuesta, aunque menos radical que la de otros estados, plantea preguntas sobre la calidad y la idoneidad de los contenidos originales.
Chihuahua, por su parte, ha sido aún más contundente en su postura. La gobernadora Maru Campos ha ordenado la suspensión de la distribución en base a lo que califica como «escándalos» y ha calificado los libros como «basura». Tal acción se basa en la orden de un juzgado que otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Además, el Gobierno del Estado ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte, en un intento por invalidar los libros. Campos también ha mencionado la opinión negativa de la Asociación Estatal de Padres de Familia y una líder indígena rarámuri, quienes han interpuesto dos amparos adicionales.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha decidido no distribuir los libros debido a procesos judiciales en curso. Alfaro ha señalado que se implementará una estrategia con contenido alterno, incluso considerando la posibilidad de utilizar libros propios en lugar de los elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En Coahuila, el secretario de Educación Pública, Francisco Saracho Navarro, ha denunciado errores en los contenidos de los libros y ha lamentado la reducción de materia en áreas clave como matemáticas y español. La suspensión de la distribución es un hecho mientras esperan la respuesta de las autoridades judiciales, y se está trabajando en la creación de nuevos libros.
En Yucatán, la Secretaría de Educación ha tomado la decisión de resguardar los libros en espera de las resoluciones judiciales. A pesar de esto, están trabajando para garantizar que los contenidos se entreguen a tiempo en agosto, aunque aún se encuentran analizando alternativas con expertos.
El conflicto ha llevado a una división política marcada, ya que los gobernadores de los estados afiliados al partido Morena han expresado su apoyo a los libros cuestionados. Esto plantea la posibilidad de una distribución selectiva en caso de que las autoridades judiciales no ordenen una detención definitiva.
Con el regreso a clases a solo tres semanas de distancia, la incertidumbre sobre qué materiales se utilizarán en las aulas y cómo afectará la educación de los estudiantes se cierne sobre estos estados. Mientras tanto, la disputa legal y política continúa, dejando a los padres, maestros y estudiantes en medio de un caos educativo sin precedentes.
