En medio de un intenso debate sobre la propuesta de Morena para «blindar» los contenidos de los libros de texto, el funcionario estatal Santiago de la Peña ha salido al frente para expresar sus preocupaciones. De acuerdo con De la Peña, los libros de texto no necesitan un «blindaje» en términos legales, sino más bien una creación meticulosa de contenidos educativos de alta calidad.
La polémica se desató tras la sugerencia de Morena de implementar medidas para evitar suspensiones que se puedan promover en contra de los nuevos contenidos de los libros de texto. Sin embargo, De la Peña ha argumentado que esta medida no es necesaria y que, en su lugar, se debe confiar en los mecanismos establecidos por la Constitución.
«Nosotros nos pusimos en manos de la SCJN haciendo uso de un mecanismo constitucional, que es uno de los caminos que prevé la propia Constitución. No hay que tenerle miedo a someternos a los órganos especializados y que ellos decidan», enfatizó De la Peña.
El funcionario estatal destacó que la confianza en las instituciones y la legalidad es esencial para resolver este tipo de controversias. Además, subrayó que en lugar de centrarse en un «blindaje» legal, el enfoque debería estar en la producción de libros de texto de alta calidad, que reflejen de manera precisa y equilibrada los contenidos educativos necesarios.
En cuanto al futuro, De la Peña adelantó que el Gobierno del Estado aguardará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de tomar decisiones concretas en relación a este asunto. De esta manera, la decisión final sobre cómo abordar este tema quedará en manos de la máxima autoridad judicial del país.
La propuesta de Morena para «blindar» los libros de texto ha dejado en evidencia una brecha de opinión en cuanto a la forma en que se debe garantizar la calidad y la imparcialidad en la educación. Mientras algunos abogan por medidas legales adicionales, otros, como Santiago de la Peña, hacen hincapié en la necesidad de crear contenidos educativos rigurosos y objetivos como la base para una educación sólida y equitativa. La decisión final sobre el enfoque a seguir está ahora en manos del sistema judicial.
